Desde Habitar Argentina, “Iniciativa multisectorial por el Derecho a la Tierra, la vivienda y el Hábitat” expresamos nuestro repudio ante la profundización y el avance de políticas restrictivas y represivas implementadas por funcionarios del ámbito municipal traducidas en la aprobación de ordenanzas sancionatorias y prohibitivas ajenas a contextos democráticos, participativos e inclusivos. El reciente intento de desalojo de las familias que habitan el barrio 10 de Febrero es sólo una muestra más de una política sistemática de exclusión y discriminación que niega el derecho al suelo y a una vivienda adecuada a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Manifestamos también nuestra solidaridad y apoyo a las numerosas familias que habitan los asentamientos y barrios de la ciudad de Ushuaia, reconociendo las mínimas y adversas condiciones de habitabilidad y de vida agravadas por condiciones climáticas invernales tan hostiles de la zona Reivindicamos también sus procesos de organización, lucha y resistencia colectiva.
Desde los últimos años la gestión y la política local habitacional -urbana, se caracterizo por priorizar una ciudad “estética” orientada al perfil turístico-hotelero en desmedro de las condiciones de habitabilidad de las familias trabajadoras que habitan los barrios populares. Es en este contexto que se implementaron las siguientes medidas: cierre del registro de tierras y apertura del registro de demanda habitacional; sanción a las familias ocupantes argumentando la ausencia de conducta cívica; prioridad de entrega de tierras sólo por convenios de gestión colectiva a sindicatos enmarcados en el trabajo asalariado y formal.
Desde la Legislatura Provincial, la ausencia de un marco regulatorio superador al respecto también es notoria. La declaración de la crisis habitacional- urbana reconocida por ley provincial 746 en 2007 y prorrogada por otras dos leyes provinciales ley 766 y ley 789 contradicen el espíritu y contenido establecidos en dichas normativas. Por otro lado, proyectos como el de Autogestión del Hábitat, que fueran promovidos por diferentes organizaciones sociales, duermen el sueño de los justos en los cajones del parlamento provincial. Contrariamente se avanza con los desalojos sin considerar los estándares internacionales establecidos en la Observación 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, preocupación que también fue compartida y señalada en su informe por la Relatora de Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada, la Dra. Raquel Rolnik, en su informe sobre su visita al país en 2011.
En este sentido, desde Habitar Argentina, ponemos a disposición y en debate un conjunto de propuestas y herramientas legislativas que cuentan con estado parlamentario en el ámbito nacional:
Ley de Ordenamiento Territorial (S 2843/13), Sistema Integral de Vivienda y Producción Social del Hábitat (S 2583/13), Regulación del proceso de Desalojos (2744 D 2013), Regularización Dominial Urbana (4856 D 2013).
Entendemos que la implementación de estos instrumentos legislativos elaborados consensuadamente sobre la base de principios compartidos como la función social de la propiedad, la gestión democrática de las ciudades y la prevalencia del interés general sobre el particular son un valioso aporte para generar políticas públicas inclusivas y acercarse a garantizar el derecho a una vivienda adecuada