En el marco de la semana del hábitat, HABITAR Argentina realizó la jornada “Día Mundial del Hábitat: desafíos y nuevos horizontes de cara a la conferencia ONU- Hábitat III”, con la participación de organizaciones sociales, legisladores/as, funcionarios nacionales y municipales.
“Tenemos el deber y la tarea de hacer un territorio nacional donde todos y cada uno tengamos un lugar donde vivir y trabajar en dignidad”, indicó la integrante de Madre Tierra y FOTIVBA, Ana Pastor, para dar inicio al evento. Luego fue el turno de Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad, quien destacó la importancia del encuentro de cara a la conferencia de la ONU Hábitat III, “donde se va a definir una agenda urbana, donde los gobiernos van a tomar compromisos”.
En un primer momento, se llevó a cabo el panel “Desafíos y nuevos horizontes de las políticas de hábitat”, con la participación de Beatriz Graciela Mirkin (Senadora nacional, integrante de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte), Edgardo Depetri (Diputado nacional, presidente de la Comisión de Vivienda) y Guillermo Juan Casanova (Director Nacional de Desarrollo Institucional de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano).
Casanova agradeció la posibilidad dada al Poder Ejecutivo de formar parte de la jornada y subrayó la relevancia de HABITAR Argentina en lo que respecta a interpretar cuáles son las necesidades de los territorios. En relación al documento país presentado por el gobierno argentino ante Naciones Unidas, indicó: “El desafío es trabajar juntos en todo aquello que ustedes entiendan que no haya sido contemplado”, por lo que, instó al trabajo en equipo con el objetivo de llegar a la cumbre de 2036 con mejores políticas de hábitat. Por eso, añadió: “El desafío más importante es trabajar juntos sin importar las banderas políticas y respetando mucho la voz del colectivo HABITAR y de otras organizaciones que están muy cerca de las necesidades insatisfechas”. En esa línea, el Director Nacional de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Claudio Robles, explicó que el informe argentino “lo pensamos como una oportunidad, como una puesta a punto de lo que sucede en política y hábitat en nuestra nación”.
Luego fue el turno del Diputado Nacional Edgardo Depetri, que dio inicio a su exposición pidiendo por la libertad de Milagro Sala, quien de acuerdo al legislador está presa por construir viviendas y “sobre todo por organizar a su pueblo y plantear una alternativa al negocio de la construcción”.
En relación al proyecto de Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular, impulsada por Depetri junto a movimientos sociales, a los que calificó como los “verdaderos constructores”, manifestó que lo que se busca es aportar para resolver el problema habitacional, que tiene un gran déficit en nuestro país. “El problema central es el déficit estructural. Por otra parte hay que destacar que cuando se resuelve el problema principal que es el trabajo, lo primero que destina el trabajador si puede y tiene buen salario, es a la vivienda”, sostuvo Depetri.
Luego añadió que para abordar la problemática mencionada es indispensable una ley nacional que esté enmarcada “en la perspectiva de país que soñamos”. “Si no vamos a un país que resuelva sus desigualdades sociales, territoriales, es imposible plantearse la solución de un tema como este que nos aborda, que es la vivienda y el suelo urbano”, explicó.
Por último, detalló que la normativa tiene una mirada integral del país y “crea organización”.
Por otra parte, Mirkin destacó que las problemáticas de las mujeres están muy vinculadas con el hábitat “si pensamos que podemos construir una vivienda, un hábitat, un barrio, un espacio para las mujeres, un corredor seguro, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente”, aseguró y aclaró que eso es lo opuesto a un barrio privado.
La senadora hizo referencia a su gestión como Ministra de Desarrollo de Tucumán y explicó cómo los programas de ingresos social con trabajo pueden dar lugar a organización, autonomía, salud, además de generar instancias de solidaridad con otros/as.
Por último, remarcó que doce años es poco tiempo para que el país se recupere de las políticas conservadoras que lo azotaron y “para que todos podamos tener vivienda, trabajo y muchas cosas más”. Asimismo, aclaró que “está subejecutado todo el presupuesto nacional, en alimentos, en vivienda”.
HABITAR Argentina: horizontes y desafíos por un hábitat digno
El segundo panel de la jornada se abocó al Consenso Nacional para un Hábitat Digno, y en relación al evento mundial Hábitat III, se manifestó la mirada de HABITAR Argentina respecto al informe nacional y la de los Comités Populares de Argentina. Alicia Alcaraz, integrante de HABITAR Argentina, planteó la necesidad de “visibilizar nuestras luchas, nuestras experiencias, nuestras demandas y nuestras propuestas”. Además, anunció que HABITAR Argentina realizará una actividad en el Foro de Resistencia de Quito, el lunes 17 a las 9 horas.
Sebastián Tedeschi, de la Defensoría General de la Nación, comentó los diez puntos del Consenso Nacional para un Hábitat Digno e indicó que el objetivo es “instrumentalizar el enfoque de derechos de las propuestas de hábitat” así como comprender el territorio como una integralidad urbana y rural. Además, explicó que hay que romper con la idea de que la única política de vivienda posible implica la construcción de casas: se requiere fomentar el mercado de suelo y redistribuir la renta.
Sobre la regulación del mercado de alquileres, manifestó que HABITAR Argentina apoya el proyecto del Frente de Inquilinos Nacional, pero también aboga por “cuestiones estructurales como las sanciones frente a los inmuebles ociosos”.
Para concluir, sostuvo que toda política de vivienda requiere de la participación de los afectados/as y subrayó que este año se añadió un décimo punto al Consenso vinculado a la política crediticia, la cual no debe ser el eje, pero sí un complemento de las anteriores.
Adriana Rodríguez, del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), afirmó que es fundamental integrar las realidades urbanas y rurales y manifestó que en la actualidad “estamos muy preocupados porque algunos logros que considerábamos importantísimos, que nos sirven de marco normativo en nuestro trabajo por el hábitat, están puestos en discusión”. En tal sentido, se refirió a la ley de emergencia territorial indígena, que reconoce los territorios tradicionales e implica un relevamiento y titulación. Sin embargo, ello no ha ocurrido: “Lo que termina resultando es que los pueblos originarios siguen esperando la devolución de tierras.
En la provincia de Chaco hay conflicto por 308 mil hectáreas”, puntualizó Rodríguez.
Por otra parte, manifestó preocupación por la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que fue sancionada en 2014 pero aún no se reglamentó. Esta normativa propone, entre otros aspectos, frenar los desalojos a familias campesinas que carecen de papeles pero tienen una posesión que supera los veinte años. El problema radica en que la aplicación de la norma depende de la justicia: hay jueces y juezas que la utilizan, pero otros/as que no la reconocen hasta que no sea reglamentada.
Por último, la referente de INCUPO mostró preocupación por el decreto que flexibiliza los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros y señaló que “tanto los diez puntos del Consenso como estas cuestiones legislativas explicitan las necesidades que tenemos todos los que no somos de sectores económicamente poderosos, necesitamos un Estado muy fuerte y presente con la causa popular”.
Hábitat III, el documento país y los Comités Populares
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se refirió al informe presentado por el gobierno nacional ante la ONU de cara a Hábitat III: “El documento tiene un problema metodológico muy serio: es el problema metodológico de la derecha tecnocrática. No hay conflictos, hay números”, explicó Reese y agregó que Naciones Unidas había solicitado un análisis exhaustivo de lo ocurrido desde la última cumbre de 1996 hasta hoy.
Para el investigador, se buscó rigurosidad científica pero no se dio lugar al requisito exigido por la ONU que implicaba un protagonismo de las organizaciones sociales: “Nadie sabe quién participó. Ninguna de las 70 organizaciones que forman HABITAR Argentina, con viejísimas historias de más de 40 años de participar en política habitacional, participó en este documento”, expresó Reese y luego Pastor agregó que en la gestión anterior sí se dio lugar a las organizaciones. En esa línea, Reese remarcó que el informe tiene una mirada estadocéntrica: no aparece el trabajo de los movimientos sociales, sólo las políticas públicas, como si los colectivos populares no construyeran barrios, territorios, hábitat.
Para finalizar, dejó en claro que el documento país tiene una perspectiva estigmatizante ya que denomina a los pobres “marginados”, una palabra que, de acuerdo al integrante del CELS, no se escuchaba desde hacía treinta años. “Los sectores populares están vulnerados de derechos. Para este documento, son lo último que está en el tacho”, denunció Reese y agregó que es evidente la preocupación por la caridad, pero no por la justicia social.
Marina Thia, de la Federación de Cooperativas Todos Juntos, dejó en claro que han terminado obras y, a modo de respuesta al informe nacional, sostuvo: “Existimos, estamos acá, hacemos barrios, hacemos viviendas, somos constructores de nuestros territorios, hacemos lo posible”.
Thia comentó cómo se formaron los Comités Populares en Argentina, con una mirada federal que incluye la perspectiva de cuantiosas provincias. Afirmó que van a llevar a Quito la voz de los olvidados de Argentina, donde intentarán “articular con países hermanos por nuestra necesidad de tierra, vivienda, educación, salud y trabajo”, indicó.
Luego fue el turno de Ana María Sánchez de la Cooperativa Santa Rosa, quien dio cuenta de los logros y dificultades de la conformación de los Comités Populares y pidió que “se nos respete el derecho a habitar con dignidad”. Puntualizó algunos ejes de desafíos presentados por los Comités Populares como: el derecho a la tierra, al la vivienda y al hábitat; el fortalecimiento de las organizaciones territoriales; la interrelación urbano-rural; la necesidad de articulación del estado con las organizaciones y la visibilización de conflictos y luchas vinculadas al derecho al hábitat.
Para finalizar, Ana Pastor realizó una síntesis de la jornada en la que dio cuenta de las intervenciones de todos/as los/as participantes. Destacó el pedido de libertad a Milagro Sala, la nacionalización de la ley 341, las vinculaciones entre género y hábitat. A su vez, definió al hábitat como “todos aquellos espacios donde transcurre la vida”.
Además, Pastor dijo que en HABITAR Argentina existe una preocupación muy fuerte sobre el presupuesto 2017 en cuanto a los temas referidos en la jornada.
Para cerrar la actividad, la integrante de Madre Tierra afirmó: “Estamos sumamente preocupados y ocupados por el conflicto del desalojo en La Matanza. La jueza no tiene en consideración las condiciones de protección que tiene que dar el Estado”. También mencionó las torturas sufridas por dos jóvenes de La Garganta Poderosa y denunció las estigmatizaciones y discriminaciones a los sectores populares que día a día los medios de comunicación fomentan.