Comisión Hábitat y Géneros - HABITAR Argentina
Ante la crisis sanitaria mundial producida por la pandemia de COVID-19, el 20 de marzo del corriente se implementó en la República Argentina el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El mismo se enmarca en el “Plan Estratégico de Respuesta Integrada al COVID-19”. Desde el presente documento, la Comisión de Hábitat y Géneros de HABITAR Argentina busca visibilizar algunas problemáticas que atraviesan específicamente las mujeres y diversidades sexuales habitando este contexto desigual. Asimismo, queremos compartir algunas perspectivas para contribuir al desarrollo de estrategias e intervenciones de políticas públicas en claves feministas, populares y comunitarias. Esta pandemia pone en evidencia y profundiza las múltiples violencias e inequidades estructurales preexistentes. Entre las cuales reconocemos:
- División social del trabajo según sexo/género (invisibilización de las tareas reproductivas, domésticas y de cuidados)
- Feminización de la Pobreza
- Violencias Patriarcales
- Mujeres, lesbianas, travestis, personas trans y no binarxs - somos sujetxs omitidxs en la formulación de las Agendas Políticas, de Políticas Públicas, y particularmente de las Agendas habitacionales-urbanas
El presente trabajo se estructura recuperando estos ejes, en intento de realizar un análisis interseccional y multidimensional centrado desde las propias vivencias colectivas, cotidianidades, angustias y nuevos desafíos en nuestrxs territorixs: cuerpxs, casas, barrios, urbanos, rurales, virtuales y sus intersticios.
Déficit y Precarización Habitacional-Urbana. Interrupción/desarticulación de los procesos de producción y gestión del Hábitat Popular
El ASPO pone de manifiesto las críticas condiciones habitacionales al interior de los sectores populares. Muchos de los cuales, no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; agua potable; recolección de residuos y/o cloacas, o si lo tienen es ineficiente y discontinuo. Mantener las condiciones de aseo y de ventilación requeridas por la actual crisis, tanto en espacios públicos/comunes como en los hogares, se torna insostenible. Garantizar el agua es básico en este contexto. El crecimiento de basurales por desidia o inexistencia de los servicios de recolección, genera situaciones de extremo riesgo sanitario. Existe la preocupación sobre cuánto se agudizará la situación de vulnerabilidad de las familias cuando se acerque el invierno con condiciones climáticas más adversas.
Como ya ocurría en la pre-pandemia, la mercantilización de la vivienda y de la vida, ha llegado a dejar a muchas personas sin casa. “Para quedarse en casa hay que tenerla”. Asimismo, existen situaciones forzosas donde muchos hogares comparten una vivienda en condiciones precarias, de hacinamiento y en espacios reducidos. La feminización de la pobreza indica que son mayormente las mujeres y diversidades sexuales quienes se encuentran en estas situaciones nada favorables a la hora de habitar la crisis.
A fin de resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructuras y servicios proponemos fortalecer y apoyar las experiencias autogestivas de construcción/mejora/ampliación del hábitat popular. Apoyo a la iniciativa de Ley nacional de Producción Social autogestionaria del Hábitat Popular.
Amenazas y/o prácticas de desalojos. Desprotección del Derecho a una Vivienda Adecuada de lxs sujetxs inquilinxs
Proteger el acceso a la vivienda en calidad de inquilinxs es de vital importancia. Entre las diversas medidas recientes del Estado al respecto, se encuentra el DNU N° 320/2020 que suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre. Existen datos que indican que el mes entrante el 50% de lxs inquilinxs no podrán pagar el alquiler. Gracias a la Encuesta Nacional a Inquilinos sabemos que el mes de abril el 42,5% de lxs inquilinos no pudo pagar su alquiler en Córdoba. No podemos esperar que puedan pagarlo desde septiembre, sumadas las cuotas de estos meses posiblemente no pagas. Por esto consideramos que debería implementarse de forma permanente y no temporal la suspensión de desalojos. Se necesita solucionar la necesidad de base de quienes están en situación de ser desalojadxs, en vez de cerrarles las puertas.
A pesar de la prohibición, muchxs inquilinxs informales fueron desalojadxs o amenazadxs de serlo. La mayoría de quienes alquilan en conventillos, hoteles pensiiones inquilinatos son mujeres jefas de hogar con niñxs, personas trans, travestis, no binaries o lesbianas. Para algunxs también implicó perder su lugar de trabajo. Varixs propietarixs, en vez de desalojar, optan por cortar los servicios básicos de las habitaciones para que las personas las abandonen “por su cuenta”. En general, estos sitios tienen condiciones deficitarias, haciendo imposible cumplir con las indicaciones de higiene y prevención dictadas por organismos oficiales. Tiene que existir también contención al inquilinato informal.
Otra traba importante para lxs inquilinxs ha sido la negativa de locadorxs o inmobiliarias de informar un número de CBU a través del cual realizar los pagos de alquiler. Ello demuestra la informalidad de muchos negocios inmobiliarios, que no pagan impuestos por estas transacciones, que obligan a lxs inquilinxs a pagos diferidos. A su vez, da cuenta de los déficit de información respecto a las propiedad de las viviendas en alquiler y el subregistro de las mismas, al no contarse con un registro de propietarixs que permita asimismo el control del pago de los impuestos inmobiliarios.
Desde siempre el valor de los alquileres aumenta. Pero también, los alquileres temporarios hacen que disminuya la cantidad de inmuebles disponibles para los de largo plazo. Al haber menos oferta, como la lógica del capital indica, sube el precio en el mercado. Es menester establecer un límite o impuesto a los alquileres temporarios. De esta forma sus plazas serán consideradas dentro de los alquileres por períodos más extensos. Todo tipo de familias, pero en especial las monomarentales, necesitan tener garantizada la estabilidad de donde residen. Si hay que renovar un alquiler cada seis meses, no se puede tener un proyecto de vida a futuro
Frágil/escasa coordinación de los sistemas de protección y asistencia alimentaria. ¿Cómo garantizar las necesidades alimentarias de los barrios populares?
La disminución de las actividades económicas afecta la satisfacción de necesidades alimentarias de la población. Quienes trabajan en el mercado informal, viven de changas, lxs cartonerxs son más vulnerables. Al escaso/nulo ingreso de recursos económicos, se suma el incremento de los precios de alimentos, de productos de higiene personal y de limpieza. Los comercios de proximidad y dentro de barrios populares, a su vez informales, también tienen dificultades para abastecerse.
Viandas y ayudas que se ofrecen estatalmente en escuelas suelen ser de baja calidad e insuficientes. Tampoco se provee a quienes quedan a cargo de las entregas de los accesorios de protección correspondientes en esta emergencia como máscaras, guantes o alcohol. No siempre se garantizan las condiciones de distanciamiento social al momento de la reparticiòn.
En relación a esta problemática, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia obligó al gobierno a mejorar las viandas escolares. Se entregaban escasos productos y poco saludables por lo que se estableció que sean alimentos de calidad nutricional y en cantidades acordes. Duele saber que bajo esta situación se busquen beneficios económicos a costa de la salud y sistemas inmunológicos de lxs infancixs. Las viandas incluso deben llegar a quienes quedaron expulsadxs del sistema por falta de cupos en las matrículas (problemática preexistente que agrava inequidades). También ordenó que deben distribuir artículos para la higiene personal y del hogar, medida que entendemos deberìa tomarse en lxs demxs territorixs y jurisdicciones.
En las barriadas, las necesidades alimentarias se satisfacen con gestión interna/popular. Se demuestra que hay tejidos fuertes, sostenidos en la cotidianeidad por una mayoría de mujeres e identidades feminizadas que, aún poniendo en riesgo la propia salud, siguen sosteniendo las tramas comunitarias con trabajo, esfuerzo y compromiso. Estxs promotorxs comunitarixs preparan las viandas para el resto de las familias en merenderos y comedores. También se multiplicaron las campañas y propuestas solidarias para la recaudación de fondos o insumos para garantizar el funcionamiento de dichos espacios barriales. En general, son acciones de carácter popular, realizadas voluntariamente a pulmón y no provenientes de políticas públicas establecidas. Por lo que preocupa que no sean medidas plausibles de sostener a mediano plazo, ya que en el correr de los días van encontrándose con otros obstáculos, como el del control policial e inconvenientes para el traslado de los insumos. La voluntad queda en dependencia del fondeo solidario, y/o de sortear dificultades propias de las burocracias. A la vez, es necesario que se resguarden las condiciones en las que trabajan para evitar contagios.
Por otra parte, la interrupción de ferias locales a precios justos impacta en la economía de las familias productoras. Se crean redes con organizaciones de productoras hortícolas para compras y abastecimiento de bolsones de alimentos frescos. Se necesita que estén avaladas y no perseguidas.
Contracciones económicas/laborales: ¿Posibilidades de acceso a programas de transferencia de ingresos-recursos económicos?
La presente crisis hace evidente la falta de recursos económicos. Son escasos tanto en el sector privado informal y/o formal, como en algunos estados provinciales. A la vez, algunos problemas son preexistentes y se acentuaron con este contexto. En Chubut no se le paga a lxs empleadxs públicos en tiempo y forma hace meses. Se debe priorizar a quienes somos más vulnerables ante las múltiples inestabilidades actuales, como las mujeres y diversidades sexuales.
A la hora de generar políticas económicas, deberían ser destinatarixs también lxs víctimxs de violencia de género/patriarcal. Ya que muchas veces el Estado, en sus diversas jerarquías, por omisión, aporta a la reproducción de estas violencias. En Córdoba, desde el Ministerio de la Mujer se ayuda monetariamente para el pago de alquileres a quienes sufrieron violencia de género/patriarcal, pero preocupa que no sean montos suficientes. Estos programas tienen que atender de forma integral cada situación particular.
El cierre de los bancos y lo ocurrido en el primer día de cobro de jubiladxs, destinatarixs de Asignaciones Universales por Hijx (AUH) o de Pensiones No Contributivas, ha puesto en evidencia la necesidad de facilitar el acceso a dinero en efectivo. Muchas mujeres y diversidades no comprenden el uso de cajeros electrónicos ni de tarjetas de débito y tienen sus recursos controlados por sus agresores. Se necesitan dispositivos para enseñar a lxs ciudadanxs a percibir sus haberes a través de estos dispositivos. A la vez, escasean/son nulos los bancos/cajeros automáticos en las proximidades de los barrios populares. No se debe generar ni reproducir la violencia económica.
Es necesario fortalecer el trabajo que vienen desarrollando actorxs de la economía social y popular. Organizadxs en términos económicos y territoriales, generan y llevan adelante diferentes estrategias buscando cubrir las necesidades vitales básicas para el desarrollo de la vida. Resulta fundamental reconocer el rol de las mujeres e identidades feminizadas, quienes, ante esta emergencia -social, sanitaria, económica y administrativa- son lxs que salieron a la calle y a la comunidad. Desde allí, se encuentran dando respuesta ante las necesidades de muchos sectores, ya sea a través de merenderos o a través de la confección de barbijos o tapabocas, entre otras actividades, desarrollando lo que desde la economía feminista reconocemos como tercera jornada laboral, en tanto escala de cuidado comunitario. Consideramos indispensable favorecer los procesos productivos de las personas y organizaciones que desarrollen actividades dentro del marco de la Economía Social y Solidaria, a través de políticas de subsidios y financiamiento de sus actividades.
Resulta necesario incorporar en los debates a las organizaciones de finanzas solidarias, como lo son la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) y los bancos populares. Hay que cuestionar la base del consumo, sus causas, y saber de dónde provienen los recursos productivos. Es menester promover un consumo responsable y ambientalmente sostenible por sobre el consumo para la acumulación especulativa de bienes. Asimismo, es urgente buscar producir únicamente lo que necesitamos y vincular la producción solidaria con el consumo popular, disminuyendo intermediarios y estrechar lazos entre productorxs y consumidorxs.
Refuerzo de múltiples inequidades preexistentes en el acceso, atención y uso del Sistema de Salud
El derecho a la salud en un contexto de pandemia excede a la protección y cuidados públicos para prevenir los contagios por coronavirus. La pandemia impacta de manera profunda en la vida cotidiana de todas las personas. Se pone en crisis la actual organización socio-económica centrada en la lógica mercantil e interpela la necesidad de poner en el centro la sostenibilidad la vida. En esta situación de emergencia sanitaria, los esfuerzos colectivos no deben desconocer las desigualdades de género, de clase, raciales, étnicas, territoriales preexistentes en el acceso a insumos, controles, turnos, atención primaria de la salud, medicación, asistencia, etc. dentro del Sistema de Salud.
En el abordaje de la pandemia prevalece el modelo médico-hegemónico clásico. Es necesario complementar a los saberes científicos-médicos con otrxs saberxs inter/transdisciplinarixs e interseccionalxs. Nos preocupa que en su mayoría los consultados sean hombres cis blancos. Los medios de comunicación reproducen y difunden las opiniones de quienes tienen mayores privilegios/derechos garantizados. Casi no hay médicas ni enfermeras en los medios, y menos/nulas son las apariciones de las diversidades sexuales. Se hace necesario dar voz a una pluralidad de percepciones para considerar su impacto desde las narrativas feministas.
La mayoría de enfermerxs son mujeres e identidades feminizadas. Es una de las profesiones donde el mandato cultural del cuidado se extiende por fuera del ámbito privado. No parece correcto el uso del término “héroxs” para ellxs ni para otrxs trabajadorxs del Sistema. Nadie tiene superpoderes ni las herramientas para sobrellevar la exigencia del trabajo actual. La valorización positiva de sus tareas tiene que ser acompañada por dispositivos y mecanismos que garanticen la seguridad, contención, reconocimiento y cuidado de ellxs y de sus familias/convivientxs. A quienes muchas veces sienten miedo de contagiar. A la vez, se debería educar y proveer instrumentos para que dentro de sus casas y con sus vecinxs puedan tomar las medidas sanitarias correspondientes sin que nadie se sienta expuestx. Necesitamos fomentar el cuidado comunitario para evitar el maltrato y la marginación de lxs tabajadorxs de la salud, estigmatizadxs como foco de contagio. Todxs estamos trabajando para sobrellevar la crisis.
A la vez, es importante visibilizar la problemática de la avanzada del dengue en el Noreste y Centro de nuestro país, sumada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una enfermedad evitable y que expresa la profunda injusticia social. Profesionalxs alertan sobre la similitud entre el mapa del dengue con el de los barrios populares. Por un lado, muchos son linderos de zonas abiertas abandonadas donde los pastizales y charcos abundan dando lugar a la proliferación del virus. Además, cuando no se cuenta con la provisión de agua corriente, lxs vecinxs deben acumular agua en recipientes que no siempre están bien cubiertos. Cabe aclarar que el trabajo de recolección y acarreo generalmente queda a cargo de las mujeres. Prevenir para evitar curar a futuro en este caso sì es posible, y en consecuencia debería ser una prioridad.
Vulneración en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
En los sectores populares, persisten y se profundizan las problemáticas vinculadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos. El acceso a turnos para controles o consultas de emergencia ginecológica resulta muy engorroso, y aún más conseguir métodos anticonceptivos. El ASPO expone a muchas mujeres a situaciones de vulnerabilidad para con sus agresores, porque se complica negociar la gestión y uso de métodos anticonceptivos. A esto se suma la dificultad para comprarlos ya que en el ámbito privado aumentaron su precio, en especial el preservativo de uso masivo que no necesita prescripción médica. En este sentido, las prácticas de autocuidado y de planificación familiar/personal se ven afectadas, y se pueden generar embarazos no deseados o contagios por Infecciones de Transmisión Sexual.
Las redes de autocuidado feministas presentes en lxs territorixs dan contención a las necesidades de acceso a métodos anticonceptivos y de autocuidado. A la vez, acompañan y brindan la información segura y confiable para resolver casos de Interrupción Legal del Embarazo. Estas redes solidarias y sororas, siempre expuestas a amenazas y agravios, sostienen a mujeres y diversidades vulnerables. Es preciso protegerlas y fortalecerlas.
Intensificación/sobrecarga en la organización y gestión de los cuidados intrafamiliares
La situación de pandemia acentúa la división social de trabajo según sexo/género. Ésta percepción patriarcal indica que el trabajo, invisibilizado, de las tareas de cuidado, domésticas y de reproducción tiene que realizarse por mujeres y por consiguiente abarca a identidades feminizadas. El vigente repliegue/interrupción de las redes institucionales de cuidados vuelca más responsabilidades sobre los hogares. También se dificultan los cuidados comunitarios populares ya que los merenderos y comedores sólo están funcionando para la entrega de viandas. Entonces, los cuidados de quienes más los necesitan -niñxs, adultxs mayores en situación de dependencia, personas con discapacidad o enfermedades en situación de dependencia- recaen sobre mujeres y feminidades, con poco o ningún apoyo.
Además, ahora, las familias tienen que garantizar la educación de lxs niñxs. Los nuevos roles de cuidados y educativos sobrecargan con más tareas a mujeres e identidades feminizadas. Todo esto se produce en un contexto de estrés social donde las inequidades preexistentes se potencian. Se siguen reproduciendo injusticias con respecto a tener/obtener recursos informáticos, buena conectividad, acompañamiento social, herramientas didácticas-pedagógicas. Quienes antes de la pandemia tenían mayores dificultades para acceder a la conectividad, hoy se encuentran mucho más lejos de ese objetivo.
Cabe aclarar, que en los organismos oficiales que contribuyen a los cuidados -centros de atención y desarrollo infantil, colegios, centros de día y demás establecimientos- las tareas están profesionalizadas y conllevan su pertinente capacitación y reconocida remuneración. En los hogares, las tareas no son reconocidas, ni remuneradas. La doble jornada laboral actual sobrecarga y afianza a mujeres e identidades feminizadas en sus roles de gestionar y realizar los cuidados, para los que ni siquiera obtuvieron formación.
Necesitamos que la corresponsabilidad de cuidados sea una realidad. Esperamos se conforme un Plan Nacional de Cuidados que articule entre el ámbito estatal, el privado y el popular en las diferentes jerarquías y dependencias territoriales de acción. A la vez, hay que educar buscando romper con ese mandato patriarcal para que todxs en los hogares sean responsables de cuidar de manera equitativa.
Precarización/refuerzo de “relaciones de servidumbre” en desmedro de las derechos laborales de lxs trabajadorxs de casas particulares
Con respecto a lxs empleadxs domésticxs, preocupa que haya casos donde se lxs obligó a aislarse con sus empleadorxs. El empresario que intentó entrar a su casa en un barrio privado de Tandil con la empleada en el baúl del auto nos brinda un ejemplo más que gráfico. A muchas de estxs trabajadorxs se les hace difícil negarse ante los abusos, manipulación psicológica mediante, ejercida por sus empleadorxs informales. Temen perder su trabajo o lxs hacen sentir una deuda moral por suspender su actividad. Dudan mucho a la hora de solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Consideran que por trabajar, aunque informalmente, no lo merecen, o que si sus "patronxs" se enteran lo tomarán mal. Algunxs trabajadorxs que continuaron su labor fueron contagiadxs por sus empleadorxs. Lxs mismxs empleadorxs quienes además, lxs interpelan por el IFE con el objeto de retacearles/rebajarles los sueldos o pagos por horas trabajadas. No se puede permitir la dueñidad sobre lxs cuerpxs bajo ninguna circunstancia.
Segregacion espacial-urbana de niñxs y adolescentxs
Lxs niñxs y adolescentxs viven el encierro aún con menos libertades. No son quienes están autorizadxs a realizar las actividades permitidas. A veces tienen que acompañar a quién sí las realiza cuando no hay nadie más. Pero algunos locales comerciales prohíben el ingreso de niñxs. En Córdoba, por ejemplo, hubo amenazas de separar a lxs menorxs de edad si se los veía en las calles. Esta situación, no sólo para lxs infancixs, sino también para sus cuidadorxs, no es controlada por el Estado en ninguno de sus niveles (como sí sucede con el aumento de precios). Nadie está cuidando que se nos permita comprar alimentos o productos esenciales cuando no tenemos con quien dejar a lxs niñxs. En vez de generarse redes de contención, aparecen redes de vigilancia que lxs expulsan.
Debilitamiento y/o ausencia de dispositivos institucionales y comunitarios de Autocuidados de nuestros Territorixs, Cuerpxs
El ASPO conlleva y refuerza nuevas amenazas a “nuestrxs cuerpxs, nuestrxs primerxs territorixs”. Cuerpxs personales, colectivxs y feministas. El #YoMeQuedoEnCasa, representa paradójicamente, para muchxs, control social, encierro, confinamiento familiar y barrial. Irrumpen y debilitan las trayectorias sororas, colectivas y el trabajo colaborativo en redes de organizaciones feministas, populares, de base, territoriales.
Como se dijo, a los cuidados de siempre se suman más responsabilidades. Muchas veces, para asegurarlas y gestionarlas, son las mujeres e identidades feminizadas que se encuentran expuestxs a sobrecargas de trabajo. Éstas provocan cuerpxs cansandxs, con estrés, doloridxs, tristes, agobiadxs, que quedan relegados de autocuidados para sostener el bienestar de todo el hogar. Cuerpxs que pueden llegar a sentir culpa en caso de no satisfacer las necesidades de lxs demás del todo. A la vez, en quienes sostenemos el proceso de aislamiento, acompañadxs o no, se pueden agudizar situaciones de ansiedad, insomnio, depresión entre otros síntomas y patologías.
La salud mental y el bienestar emocional y físico emergen como un componente central de la salud pública. Se tiene que evitar que sea una problemática a resolver puertas adentro, donde las mujeres y diversidades tienen una clara desventaja. Se deben garantizar los derechos de cuidar y ser cuidadxs. Los autocuidados también son un acto revolucionario.
Dificultades en el acceso -y permanencia- a los procesos de educación formal
En este tiempo se promueve la educación a distancia. Ésta queda muchas veces interrumpida debido a la brecha digital por falta de conectividad y/o de dispositivos adecuados en diversxs territorixs. No es fácil acceder a salones virtuales, programas radiales y/o televisivos, como tampoco a los manuales impresos gratuitos. Demandar que los hogares sean a la vez aulas, aumenta las labores que recaen principalmente en mujeres, identidades feminizadas o en hermanxs mayorxs. También se demuestran diferencias de formación y alfabetización digital entre adultxs y juventudxs.
Muchas veces, se tiene que compartir una computadora o un celular (con “datos” limitados a la hora de acceder a las redes virtuales) entre toda la familia. Tampoco es común contar con un espacio físico destinado para realizar las tareas. Previo a la crisis, los bachilleratos populares que solían asistir a quienes el sistema educativo relega -adultxs, personas trans y demás diversidades, sectores de bajos ingresos- no tenían apoyo estatal ni económico. Actualmente, no se sabe cómo va a garantizarse su permanencia, ni cómo sus estudiantxs podrán sostener sus estudios en la distancia o ante contextos donde se profundiza la precarización. Preocupa cómo se evitará la reproducción de la desigualdad a la hora de acceder a la educación.
Brechas/asimetrías tecnológicas que no garantizan condiciones de conectividad, comunicación e información fidedigna
La comunicación es un derecho humano, por lo que debe ser garantizado a través de políticas públicas. Este momento nos demuestra que el acceso a las tecnologías de comunicación son limitadas y con servicios de mala calidad; o, en su defecto, no se accede a los dispositivos adecuados para permitirla en aislamiento. Las compañías telefónicas siguen atosigando a sus usuarixs ante al cese de pago y amenazan con los cortes del servicio. Las familias de menores recursos se van quedando sin “datos” en los celulares. El hecho de estar “sin crédito” es algo que perpetúa el encierro de las mujeres y diversidades que sufren violencia. No podemos permitir que el aislamiento nos deje solxs, sin ni siquiera lazo digital.
La brecha digital se traduce en diversas desigualdades. Se obstaculizan la socialización, la educación y la comunicación, tan importante para buscar ayuda en caso de violencia patriarcal. Trabajar, para las actividades que sí pueden disfrutar la era del teletrabajo, queda descartado sin conexión digital. Pero no sólo eso, se dificulta el acceso a datos previsionales, a poder inscribirse en nuevos programas sociales como el IFE, etc. Consideramos, entonces, de vital importancia liberar internet, creando zonas wi-fi públicas en sectores que así lo requieran. Se podrían incorporar antenas de Arsat para garantizar la conectividad.
Cuando la conexión digital es posible, tenemos que usarla a nuestro favor. Es precisa la creación de “aplicaciones” para diversos dispositivos electrónicos que sirvan para difusión, orientación y contención comunitaria. Deben contemplar la posibilidad de derivaciones y chat con profesionalxs de salud mental. A la vez, otras que conecten con la Línea 144 sin necesidad de congestionar las líneas telefónicas.
El acceso a la “información” queda supeditado a los medios hegemónicos de comunicación. Éstos no siempre cubren a todxs lxs territorixs ni los datos sobre medidas que nos benefician. Existen políticas públicas sobre las cuales la gente no se entera acerca de su implementación. Necesitamos campañas de difusión multimediales, alternativas y en paralelo a los grandes sectores hegemónicos; llegar a través de las redes sociales digitales, pero también con cartelería, con material impreso distribuido puerta a puerta en los barrios, en zonas rurales y alejadas, en transporte público, etc. Para poder exigir que se garanticen nuestros derechos -a la salud, a la educación, a un hábitat digno, de inquilinxs, en contra de la violencia de género/patriarcal- tenemos que conocerlos.
Es fundamental fortalecer a los medios alternativos de comunicación autogestionados -audiovisuales, gráficos, sonoros, etc. Éstos replican y dan espacio a mujeres y diversidades sexuales. Visibilizan las problemáticas barriales, las de lxs trabajadorxs, las violencias institucionales y domésticas de géneros/patriarcales, entre otras. Ponen altavoces a los intereses e incertidumbres reales de las personas. Necesitamos volver a repensar una ley de medios co-construída que garantice el acceso a/y la calidad de la información desde una pluralidad de percepciones.
Sin conectividad no sólo se imposibilita el recibir información sino también generarla. Desde algunas áreas, como las periurbanas/rurales, no pueden transmitir sus realidades, no pueden ser lxs autorxs de sus vidas. Para no ser omitidxs, nuestras perspectivas tienen que conocerse, sino se reproduce la inequidad. Hay que generar dispositivos que garanticen la participación de todxs las formas de habitar, desde todxs lxs territorixs. Necesitamos ser diversxs desde cuando co-creamos discursos, co-creamos políticas públicas y las implementamos en la multiescalaridad de territorixs.
Violencias Institucionales: recrudecimiento/abusos de poder de las fuerzas de seguridad sobre lxs territorixs. ¡CUIDAR SI, ABUSAR NO!
La violencia por parte de organismos e instituciones aumentó. Hay mayor criminalización a trabajadorxs de la economía popular, y a familias, mujeres solas y diversidades sexuales en situación de calle. Persiguen y amedrentan a mujeres, diversidades sexuales y niñas en los espacios públicos. Existen casos de mujeres que fueron detenidas ilegalmente en comisarías. Se reforzaron los mecanismos de control, abuso de poder y miedo por parte de las fuerzas de seguridad.
Quienes acompañan a lxs víctimxs de violencia, de todo tipo, son mayormente mujeres y diversidades sexuales en redes comunitarias. Que cuentan con recursos económicos autogestivos, complicados de conseguir en estos momentos. Están a disposición, ya que no se encuentra real acompañamiento en un Estado que es represor en vez de ser garante de derechos.
En Chubut, tuvieron que intervenir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de esa provincia y una Concejala local interponiendo cada unx un Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo por los reiterados abusos de poder. Por ejemplo, una mujer fue detenida al baldear su vereda mientras que su hijx de 9 años, al no haber otrxs cuidadorxs en el hogar, quedó solo. Asimismo, se suspendió a la única jefa de comisaría mujer, quien recibía denuncias de violencia patriarcal sin obstaculizarlas. A la vez, se denunciaron casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad (como sucedió también en otras provincias).
En Mendoza, un caso particular de violencia institucional se dió con lxs trabajadorxs ruralxs migrantxs del Noroeste Argentino que quedaron varadxs en la terminal de ómnibus. Estas personas habían llegado a la provincia para trabajar en la época de cosecha de la vendimia. Esta actividad quedó exceptuada del aislamiento por el Gobernador Rodolfo Suárez, por lo que la actividad de cosecha continuó con normalidad. Una vez que terminó, lxs trabajadorxs fueron abandonadxs por sus empleadorxs y por el gobierno provincial. Éste, no sólo no tomó las medidas necesarias para que pudieran retornar a sus lugares de procedencia, sino que tampoco se efectuó un plan de contingencia para dar resguardo y que pudieran cumplir el aislamiento. Esta situación ha perjudicado a más de 600 personas, incluyendo a mujeres y niñxs familiarxs de lxs trabajadorxs. La Red por los Derechos Humanos de Mendoza está interviniendo en esta situación para garantizar el cumplimiento de los derechos a la salud, alimento y hospedaje de estas personas, y sobre todo, el retorno a sus lugares de procedencia.
Violencia institucional es también que no nos cuiden. Se amplían las vulnerabilidades ya que hay falta de redes oficiales, con recursos propios. Faltan hogares de tránsito bien equipados, que tengan plazas disponibles, con personal capacitado. Necesitamos que se nos garantice la vida.
Recrudecimiento de situaciones de violencias intrafamiliares y patriarcales, con los consecuentes femicidios y travesticidios
El ASPO es una trampa para las mujeres y demás víctimxs de violencia de género ya que en su gran mayoría, se ven obligadas a convivir con su/s agresor/es. Al 4 de mayo, en el contexto del ASPO, se registraron 41 femicidios y 11 travesticidios en lo que va del año, ambos siguen en injusto y doloroso incremento. Aumentaron también las denuncias y consultas a la línea 144 del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se trata de los pocos delitos que no descendieron sus cifras desde el inicio del aislamiento, sino que por el contrario, se han incrementado.
Las estadísticas corroboran que el ámbito privado de las casas es donde la violencia patriarcal mayormente se despliega. Tomando los datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” sobre los 327 femicidios cometidos en Argentina durante 2019: 46% de los femicidas eran la pareja de la víctima, 21% la ex pareja, 14% familiares, 6% conocidos, mientras que del 13% restante no se tiene datos. Asimismo, las viviendas constituyen un peligro para las mujeres, niñxs y diversidades sexuales por las situaciones de abuso. El contexto de crisis sanitaria y encierro sumados a las desigualdades/crisis preexistentes afectan los vínculos interpersonales y familiares. Las mujeres y diversidades sexuales, además de sostener la salud emocional y psicológica de los hogares, son la fuente de descarga de las violencias y frustraciones, generadas mayormente por el patriarcado. Se complejiza la convivencia en los grupos familiares con integrantxs que presentan algún tipo de adicción.
La mayoría de femicidios y travesticidios, como otras agresiones, pueden evitarse ya que hay alertas previas. Lxs víctimxs que solicitan ayuda necesitan contar con la atención y protección necesarias en los organismos pertinentes, obteniendo una respuesta eficaz y urgente. No alcanza sólo con superar la burocracia para efectivamente lograr la denuncia. Es preciso garantizar un seguimiento posterior a ésta. Queremos que se cuide nuestra vida y salud en todas sus formas.
Siempre es mejor prevenir que curar cuando se puede. A la hora de pensar en contrarrestar los efectos del patriarcado, la mejor prevención es la educación. La Ley Micaela se tiene que transversalizar en diversas modalidades y territorixs. La Ley de Educación Sexual Integral es una gran aliada si se implementa con la perspectiva de géneros/feminista correspondiente.
Hacia nuevos retos y desafíos
Para abarcar la emergencia proponemos:
- Que se tengan en cuenta nuestras perspectivas feministas para la toma de decisiones en el Plan Estratégico de Respuesta Integrada al COVID-19. Generar articulación entre comités de médicxs/científicxs, abrir el juego a la interdisciplinariedad y saberes populares. Creación del Comité de Saberes en Géneros y Feminismos que co-diseñe en conjunto las políticas públicas desde lxs territorixs. Articular, a la vez, con el Ministerio Nacional de Mujeres.Géneros y Diversidad y sus organismos correspondientes en otras jurisdicciones. “Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs”.
- Apertura de un área institucional de Hábitat y Feminismos entre el Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad.
- Que los barrios populares dispongan de recursos, de técnicxs/profesionalxs y personal de organismos del Estado. Que se fortalezca el accionar de las diversas organizaciones y de promotorxs comunitarixs. Que se garantice la real implementación y llegada de los programas estatales para poder atender de manera integral las demandas y urgencias que surgen de los barrios.
- Que se generen políticas públicas de cuidados, que respondan a la deuda histórica que en este contexto se coloca en el centro de la escena. Necesitamos un Plan Nacional de Cuidados.
- Que se generen y profundicen políticas fiscales redistributivas: impuestos a la riqueza, impuestos a inmuebles ociosos, otros.
- Establecer protocolos de intervención inmediata ante el intento de desalojos. Es necesario poder denunciar la inminencia de un desalojo y no únicamente el que esté en curso. Como también, los protocolos deben tener perspectiva de géneros, ya que dentro de estas situaciones inaceptables se ejerce mayor violencia institucional sobre las mujeres, diversidades sexuales y niñxs.
Reflexiones finales
Queremos lograr un nuevo contrato social para encarar el poder abusivo de las corporaciones y demás organismos. Asegurar el acceso a la tierra y al agua a todxs. Impulsar a que haya mayor participación de las organizaciones populares. Buscar estrategias diferentes a las del mercado actual, fortaleciendo las prácticas/instituciones relacionadas con las esferas de la economía estatal-pública y popular. Promover territorixs donde las mujeres y diversidades sexuales reproduzcan economías sostenibles, reconocidas socialmente. Fortalecer las redes de agricultura campesina, garantizando una alimentación saludable y libre de venenos para los pueblos. Rescatar saberes de lxs cuidadorxs. Co-responsabilizar a los cuidados en equidad.
Es tiempo de implementar un modelo que tenga en el centro a la lógica de la sostenibilidad de la vida, en todas sus manifestaciones, por sobre la del capital. Gestionar desde este nuevo modelo un desarrollo integral y sostenible de lxs territorixs. Necesitamos cambiar los paradigmas, aplicar la economía feminista, para no volver a la “normalidad”.
¡TODXS TENEMOS DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE!