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La ley 26160 que protege a las comunidades Índigenas debe prorrogarse

El Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar de forma progresiva los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. Los diferentes poderes estatales, en el marco de sus competencias específicas, deben tomar medidas positivas, tanto administrativas, políticas como legislativas,  para hacer realidad estos derechos.

Para cumplir este objetivo es prioritario, por un lado, agilizar el relevamiento de sus territorios tradicionales indígenas (Ley 26.160), compromiso que requiere una fuerte voluntad del Estado nacional y de las provincias. Por otro lado, se debe acompañar este proceso de efectiva titulación de los territorios indígenas del modo considerado adecuado por estos pueblos.

La Ley 26160 aprobada en 2006 caducará el próximo 25 de noviembre de no ser renovada. La misma permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país. Estuvo inspirada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.

En el tiempo transcurrido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar solamente 742 de las 1760 comunidades identificadas, según los últimos datos oficiales. 

Durante el periodo previsto para realizar estos relevamientos territoriales las comunidades cuentan con una medida de protección que suspende desalojos. Ante la inminente finalización del plazo, la situación actual demanda su urgente prórroga. De lo contrario, el Estado Argentino incumplirá la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. La protección de los derechos a la tierra y al territorio originario no admite dar pasos atrás.

Por ello el proyecto de la senadora Nora Giménez, que ya tiene dictamen de comisión, extiende hasta 2025 la vigencia de la ley para poder completar el Relevamiento Territorial, estableciendo a la vez una partida presupuestaria especial para concluir esa tarea.

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