Villa Soldati. La necesaria reforma urbana en Argentina

Por Raúl Fernández Wagner[1]

En todos los análisis serios que se realizan en los medios con el ánimo de indagar en las causas profundas que están detrás de los sucesos de Villa Soldati, surge en forma muy clara la vieja “cuestión de la vivienda”, por lo general expresado como “fracaso de las políticas de vivienda” o simplemente como que “faltan viviendas”. Es decir que el Estado no provee suficientes “viviendas sociales” que puedan resolver los problemas de aquella población que no tiene ingresos suficientes para su adquisición.

La condición de mercancía de la vivienda en las relaciones capitalistas de producción, y su relación con la propiedad privada territorial, fue definida por Engels en 1872, y la “vivienda social” como objeto de protección bajo tutela del estado de las relaciones de libre mercado, fue el dispositivo que permite organizar un sistema público de provisión habitacional en la República de Weimar en los ´20. Luego el Estado de Bienestar consagraría la vivienda como un derecho del trabajador, el cual se incorpora en muchas constituciones nacionales a partir de allí.

Pero es en el proceso de urbanización latinoamericano, cuando se produce desde los años ´50 un crecimiento explosivo de las ciudades –por la masiva migración campo-ciudad de la industrialización sustitutiva de importaciones- donde se intentó trasladar aquella concepción. Pero la planificación y construcción de viviendas sociales fracasó al comprobarse que lo que se expresaba como un problema de vivienda era en realidad un problema de acceso al suelo. Es decir que el “acceso a la ciudad” se manifestaba de acuerdo a como eran las condiciones de producción del suelo urbano. Así, los sectores populares construyeron la ciudad Latinoamericana, tomando tierras, autoconstruyendo viviendas y conformando barrios que se denominaron chabolas, barriadas, campamentos, favelas, cantegriles, villas miseria, etc. Sesenta años después la expansión capitalista global ha provocado que –particularmente luego del neoliberalismo- este proceso se haya expandido a todo el planeta. Mike Davis habla en su trabajo “Planet of slums” (traducido poco felizmente en español como “Planeta de ciudades miseria”) que los asentamientos informales ya dominan la urbanización mundial.

Sesenta años de políticas habitacionales en América Latina –más allá de destacables experiencias mayormente remediales- en términos generales no contuvieron este fenómeno. Sencillamente porque el problema supera a la vivienda, y asume complejidad como cuestión por las condiciones particulares del “habitar” urbano que conjugan un conjunto de bienes y servicios re-mercantilizados, sujetos a una progresiva valorización del suelo y su régimen de posesión y uso exclusivo. Situación que se agrava en los últimos años puesto que el suelo aumenta su importancia estratégica para las nuevas formas de reproducción del capital, y sencillamente porque también en sesenta años se ha multiplicado la población que disputa tal bien, físicamente irreproducible y por lo tanto intrínsecamente afectado por la escasez. Como Oliver Mongin afirma: “en este tiempo la lucha de clases ha cedido su lugar a la lucha por el espacio urbano”.

El “problema de la vivienda” se traduce hoy en el desafío político de lograr una mejor distribución social del espacio construido. Por ello ya no lo expresamos como “lucha por la vivienda” sino como lucha por el derecho a la ciudad. Por ello, cuando el problema residencial está afectado hoy por los desarrollos urbanos del capital concentrado que generan fragmentación y segregación socio espacial, ya no solo el reclamo es por “justicia social” sino por “justicia espacial”. Pero lograr una mejor relación población-espacio habitable, sólo es posible afectando las condiciones de libre mercado en que se producen y usan los mencionados bienes y servicios del hábitat. Por ello hoy ya no solo hablamos de la función social de la propiedad, sino de la “función social de la ciudad”.

Quien tiene potestad y la obligación de revertir este proceso es el Estado. Pero no solo por su más o menos ejercido mandato de equidad social, sino primordialmente porque es también el Estado con sus intervenciones territoriales quien más contribuye a la valorización del suelo, generando rentas ajenas a las acciones del propietario.

En Argentina, nos encontramos en el punto más crítico que tengamos memoria, respecto a esta cuestión. A los 25 años del retroceso socioeconómico de nuestra sociedad que llega hasta la crisis de 2001, le sucede una espectacular recuperación y un sostenido crecimiento de la economía, que se ha dado a partir de una reconstitución agroexportadora de nueva generación y una progresiva reindustrialización en donde el Estado se coloca como motor de inversión pública y también de redistribución, lo cual asegura paulatinamente mejores condiciones de empleo y condiciones de vida para la población.

Pero ello, provoca asimismo un aumento de los valores inmobiliarios sin precedentes. El precio del suelo para explotación agraria se ha multiplicado 10 veces en 8 años en las zonas más fértiles, y el suelo urbano según las ciudades y zonas también ha experimentado de 6 a 8 veces su precio en estos años.

Esta fase neodesarrollista, apoya su despegue en el rol contracíclico de la obra pública, con un papel central de la construcción en la reactivación y la generación de empleo formal. Así el Estado realiza construcción de rutas, circunvalaciones, accesos y avenidas, y una notable expansión de infraestructuras urbanas y viviendas, que sumados contribuyen a una extraordinaria valorización de suelo. Lo cual nos enfrenta a una crítica paradoja: cuanto más crece la economía, cuanto más apoya el estado con obra pública el crecimiento económico, más se agudiza el problema del acceso al suelo urbano, el acceso a la ciudad, para la mayor parte de la población.

Así se configura un “orden urbano” que es necesario modificar atacando sus causas profundas desde la política. Ello implica llevar a cabo un profundo proceso de reforma urbana. Pues este “orden” se compone del predominio del derecho de propiedad (privada) por encima de cualquier otro derecho reconocible (por ej. a la vivienda); la recepción sin límites de parte del propietario de todas las rentas ajenas a sus acciones que sobre su suelo se generan; un Estado donde muchas de sus instancias de gobierno favorecen inversiones inmobiliarias con la justificación de movilización económica y/o generación de empleo, que en realidad ocultan la hipervalorización del suelo; la retención especulativa del suelo (o la vivienda) que no está penada. Se compone también de alquileres que favorecen los derechos de los propietarios más que el de los inquilinos, hoy con contratos en negro; y la proliferación de nichos de mercado informal que venden “productos” inhabitables, inseguros, sin privacidad, y expuestos a las consecuencias de los desalojos.

Un “orden urbano” que pretende eliminar villas, mientras nuestras ciudades se expanden sobre sus periferias con barrios cerrados que profundizan la segregación residencial, consumen suelo valioso en exceso, expulsan los pequeños productores hortícolas y eliminan el suelo accesible para capas medias y bajas en la expansión urbana. Las consecuencias de las extraordinarias rentas (hedónicas) del suelo de la periferia urbana, presiona a su vez sobre los centros como únicos receptores de la nueva población de ingresos medios y bajos.

En el caso de Buenos Aires, para entender los sucesos de Villa Soldati también hay que analizar los componentes de la desigualdad socio espacial, que en la visión más macro incluye los 565 barrios cerrados construidos en la región metropolitana en forma irregular (casi la mitad sin aprobar) que ya ocupan 40.000 has. El doble que la superficie de la CABA, a una densidad de 3 hogares por ha., mientras en la CABA hay 51 hogares por ha. Esto significa que en 20 años hubo una fenomenal regresión en la distribución del espacio residencial y el fin del suelo accesible para sectores de ingresos medios y bajos. Tal inequidad socio espacial toma otra forma en la CABA, como el boom de construcción de departamentos suntuosos y lujosos que suman el 80% de nuevos metros cuadrados residenciales, concentrados en el 32% de su territorio (el más rico). Mientras los cinco distritos más pobres del sur (incluido Villa Soldati) solo concentran el 1,9% de los nuevos metros cuadrados residenciales. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, de cada 10 habitantes nuevos, 6 “acceden a la ciudad” a través del mercado informal del suelo urbano.

Esta desigualdad no tributa ni compensa, pues el Estado no condiciona a los desarrolladores, como en el hecho de que en la ciudad de Buenos Aires haya tantas viviendas desocupadas como demanda de las mismas, sin que el Estado aplique impuestos progresivos que induzcan a la obligación de usarlas, como demandaría todo elemental ejercicio de función social de la propiedad. Un orden injusto que se consuma también con la usurpación como delito penal, o cuando se ejecutan desalojos masivos como el de la escala actual, lo cual tiene un impacto directo sobre el mercado informal del suelo. Por eso aunque el racista e ineficiente jefe de gobierno porteño hubiera construido muchas viviendas, no habría alterado mayormente la ecuación social perversa del orden urbano que prima en la ciudad.

En la iniciativa multisectorial “Habitar Argentina”[2] nos ilusionamos con generar un marco legislativo que progresivamente desarrolle el proceso de reforma urbana que la búsqueda de una sociedad más justa demanda.