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El Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar de forma progresiva los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. Los diferentes poderes estatales, en el marco de sus competencias específicas, deben tomar medidas positivas, tanto administrativas, políticas como legislativas,  para hacer realidad estos derechos.

Para cumplir este objetivo es prioritario, por un lado, agilizar el relevamiento de sus territorios tradicionales indígenas (Ley 26.160), compromiso que requiere una fuerte voluntad del Estado nacional y de las provincias. Por otro lado, se debe acompañar este proceso de efectiva titulación de los territorios indígenas del modo considerado adecuado por estos pueblos.

La Ley 26160 aprobada en 2006 caducará el próximo 25 de noviembre de no ser renovada. La misma permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país. Estuvo inspirada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.

En el tiempo transcurrido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar solamente 742 de las 1760 comunidades identificadas, según los últimos datos oficiales. 

Durante el periodo previsto para realizar estos relevamientos territoriales las comunidades cuentan con una medida de protección que suspende desalojos. Ante la inminente finalización del plazo, la situación actual demanda su urgente prórroga. De lo contrario, el Estado Argentino incumplirá la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. La protección de los derechos a la tierra y al territorio originario no admite dar pasos atrás.

Por ello el proyecto de la senadora Nora Giménez, que ya tiene dictamen de comisión, extiende hasta 2025 la vigencia de la ley para poder completar el Relevamiento Territorial, estableciendo a la vez una partida presupuestaria especial para concluir esa tarea.

La comisión de Barrios populares de Habitar Argentina lanza el documento "Lineamientos para la urbanización de Barrios Populares"

Link descarga:

https://drive.google.com/file/d/15iuBF9IcaeiXkpjXGPlyleXt4uyFnUed/view

Lograr la urbanización de barrios populares (asentamientos, villas y otras tipologías) desde una mirada integral que permita el ejercicio al derecho de un Hábitat Digno a quienes los habitan ha sido y es una preocupación de HABITAR Argentina, desde sus orígenes.
Un primer paso estratégico para la urbanización definitiva implica el reconocimiento político de la Producción Social del Hábitat (PSH)1 que, en forma individual, familiar o colectiva realizan los habitantes a partir de sus capacidades para satisfacer sus necesidades habitacionales, a través de diversas modalidades autogestionarias y sin fines de lucro. Un segundo paso estratégico es atender la diversidad de familias y personas con necesidades de cobijo y romper la neutralidad de ciertas políticas que diluyen e invisibilizan condiciones de género, edades y otras en el concepto de familia, omitiendo a sujetxs de las políticas.

Una política pública que promueva el acceso a un hábitat digno para todas estas poblaciones y propenda a su inclusión urbana definitiva, exige múltiples operaciones y acciones articuladas, que -en equilibrio con el ambiente y la naturaleza- respeten las diversidades de género y disidencias, étnicas y culturales; contemplen las múltiples actividades -económicas, productivas, reproductivas y comunitarias- que llevan adelante para la sustentabilidad de sus vidas, consideren la regularización dominial (de acuerdo a las formas institucionales de cada localidad y/o país), la ampliación, mejora o generación de espacios habitacionales -acordes a las distintas configuraciones familiares-, infraestructura, servicios urbanos, espacios públicos accesibles, y toda infraestructura o servicio necesario para el desarrollo armónico de las diferentes generaciones que lo habitan.
Para conocer la realidad de estos territorios y de las comunidades y grupos que los habitan, es necesario comprender la diversidad de procesos socio-históricos que han llevado a la profunda desigualdad en el acceso a un hábitat digno y desde allí, elaborar acuerdos mínimos a considerar para trabajar en su inclusión. Abordar estas realidades desde una perspectiva de la interseccionalidad2 implica que las políticas públicas consideren los impactos diferenciales que se generan en relación al ambiente, territorio, etnia, clase social, nacionalidad, identidad, expresión u orientación sexual, y saberes - entre otros -, y tomen en cuenta la inscripción territorial y el derecho a la ciudad como aspectos fundamentales que condicionan o habilitan las perspectivas de desarrollo, las estrategias de producción y reproducción de la vida de personas y comunidades.
Las políticas que ignoran las complejas dimensiones de desigualdades, agudizan y marginan de sus agendas a grupos o personas cuya situación de exclusión responde a la imbricación de diversos sistemas de opresión.
La intención de este documento es sistematizar los principales lineamientos que deberían contemplar los procesos de intervención en los barrios populares para garantizar un abordaje desde una perspectiva de derechos, respetuoso de las construcciones colectivas y de las identidades comunitarias, desde una lógica inclusiva en la elaboración de acuerdos con lxs pobladores y organizaciones de estas comunidades. Atendiendo a ello, estos lineamientos abordan los siguientes ejes: participación, información y sustentabilidad, seguridad jurídica, regularización urbana y dominial, relocalización in situ y no desalojos, calidad tipológica-constructiva, servicios públicos, equipamiento comunitario y espacios públicos, integración socio-urbana y productiva, dimensión ambiental, gestión comunitaria de la seguridad y las violencias contra las mujeres y niñas, inclusión del derecho de las mujeres y género, articulación con gobiernos locales y organizaciones y acompañamiento técnico, profesional e interdisciplinario
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Desde las organizaciones integrantes del Colectivo nacional de Hábitat Popular y el Colectivo HABITAR Argentina, expresamos nuestro enérgico repudio a las acciones sistemáticas de violencias por persecución y criminalización hacia dirigentes sociales del Hábitat popular que se vienen desarrollando en la ciudad de Ushuaia. Recientemente se produjo una nueva situación de desalojo, en zona lindante al barrio Las Raices.

http://desdelasbases.com.ar/nota/4093/dos-detenidos-luego-de-desalojos-los-vecinos-denuncian-atropellos-y-violencia-institucional/

Exigimos la inmediata liberación y nos solidarizamos con la lucha del compañero Pedro Fernández, referente social, detenido desde el día de ayer 24 de Junio en la comisaria Nro 5 y de Diego Furchini en la comisaria Nro 4 de la capital fueguina. En horas de la mañana, del día jueves 24 de Junio de 2021, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las fuerzas policiales provinciales por disposición de la justicia a cargo del Juez Gamas Soler y a pedido del municipio procedieron a realizar un desarmado de 5 viviendas localizadas en barrios populares. Las resistencias y redes de solidaridad interbarrial tuvieron como consecuencia la detención de dos compañeros luchadores del Derecho al Hábitat.


Esta situación se da en el contexto del recrudecimiento de la Emergencia y crisis socio -habitacional y urbana declarada y prorrogada por la legislatura provincial desde el año 2007. En un contexto de pandemia, la emergencia se ve agravada por los altos impactos en la desocupación y/o reducción de los ingresos de los sectores populares, entre otros como los aumentos arbitrarios de los alquileres.

Es fundamental avanzar en la implementación de Políticas e instrumentos integrales de integración socio - urbana en clave de protección de los Derechos al Hábitat Digno. Exigimos el involucramiento de las autoridades nacionales ante la preocupante y creciente escalada de represión, persecución y violencias. Al mismo tiempo solicitamos la implementación de manera urgente de mesas de participación y gestión conjuntamente con las organizaciones barriales del hábitat para resolver colectivamente el acceso al hábitat digno para todos y todas.